Oxfam Internacional Rechaza Acusaciones De Terrorismo Contra Defensores De Derechos Humanos
07 04 2008
Oxfam Internacional en Perú expresa preocupación ante denuncia penal contra Alcaldes, Dirigentes Sociales y Defensores De Derechos Humanos que cuestionan el proyecto minero Río Blanco (MAJAZ).
Oxfam Internacional expresó en Lima su preocupación ante las denuncias penales presentadas contra los Alcaldes que realizaron una consulta vecinal el pasado 16 de septiembre de 2007 en los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa en Piura; contra Javier Jahncke, Julia Cuadros y Juan Aste, defensores de los derechos ambientales que apoyaron dicha iniciativa; contra Nicanor Alvarado, del Vicariato Apostólico de Jaén; Carlos Martínez, alcalde provincial de San Ignacio; Wilson Ibáñez del Frente de Defensa del Medio Ambiente de Huancabamba; Servando Aponte y Cenesio Jiménez, presidentes de las comunidades campesinas de Segunda y Cajas y Yanta y otras diecisiete personas.
Todos ellos son miembros del Frente para el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte, uno de los principales actores en el caso de la Minera Majaz, y del equipo técnico de la Red Muqui. Varios de ellos son, a su vez, miembros de organizaciones que trabajan junto a Oxfam Internacional en Perú para que las comunidades y poblaciones rurales participen efectivamente en las decisiones que van a afectar su futuro y para que la actividad minera se convierta en un efectivo aporte a un desarrollo inclusivo y sostenible. En especial ha causado preocupación que se presente la consulta vecinal como un acto terrorista, a pesar que fue un acto pacífico y público en el que participó cerca del 60% de los electores de los mencionados distritos y contó con la presencia de numerosos observadores nacionales e internacionales, tergiversando los hechos y vulnerando claramente el derecho a la presunción de la inocencia de todas y todos los implicados.
“Expresamos nuestra preocupación ante estas acusaciones puesto que pretenderían descalificar a los miembros del Frente únicamente por haber expresado su opinión en desacuerdo con las actividades mineras en las provincias de Huancabamba y Ayabaca en Piura, y de Jaén y San Ignacio en Cajamarca” indicó Javier Aroca, miembro del equipo de Industrias Extractivas de Oxfam Internacional en Perú. Añadió que “si se quiere prevenir conflictos futuros el Estado peruano antes de otorgar concesiones mineras y autorizar el inicio de labores de exploración debe implementar una efectiva política de ordenamiento territorial”.
“Majaz es un caso simbólico de las prácticas de las industrias extractivas que no respetan los derechos humanos en el Perú”, explicó Aroca, “ya que este tipo de conflictos tiene entre sus razones a la disputa por el uso de los recursos naturales, el agua y la tierra entre las comunidades campesinas y las empresas mineras”. Otras razones serían “que algunas empresas ejecutan políticas inadecuadas de relación con las comunidades; y la inacción del Estado para garantizar los derechos de las poblaciones y la institucionalidad local”.
Oxfam se suma a la preocupación manifestada por otras instituciones de la sociedad civil en el Perú y a nivel internacional, y manifiesta su rechazo a estas acusaciones contra hombres y mujeres que son defensores de las comunidades y del medio ambiente. Creemos que es fundamental que las autoridades investiguen, observen el debido proceso y aclaren esta situación. Asimismo, reafirmamos que estamos en contra de todo hecho de violencia y nuestra convicción de que el camino más adecuado para resolver este tipo de conflictos es el diálogo, y no la violencia de cualquier tipo.
