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Publicado: 04.2008

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Resumen de publicación

El libro es un esfuerzo de transparencia por explicar cuál es la visión de Oxfam sobre las industrias extractivas y sobre el rol jugado por la institución, al mismo tiempo que ofrece una interpretación de la relación entre comunidades e industrias extractivas, señalando pistas de reflexión. Para ello analiza cinco casos en los que Oxfam ha participado y apoyado a sus contrapartes. Estos casos son: La Oroya, Tambogrande, Tintaya, Camisea y Yanacocha.

El libro explica por qué Oxfam se involucró en este tema, señalando que ésta era una decisión estratégica porque las industrias extractivas presentan un ejemplo casi extremo del proceso de globalización desatado por el consenso de Washington, tanto por el tamaño de las empresas involucradas – entre las más grandes y sofisticadas del mundo – como por los grados de pobreza, exclusión y marginalización geográfica de los pueblos típicamente afectados. Igualmente, la decisión de hacerlo en el Perú era estratégica porque el modelo de desarrollo del país descansa fundamentalmente sobre las industrias extractivas y las acciones de incidencia han coincidido con un período de auge en la economía impulsado por las exportaciones mineras. Por esta combinación de factores, se abría la oportunidad de defender los derechos de comunidades locales y contribuir a la solución de sus problemas; debatir y poner en tela de juicio el modelo de desarrollo económico y sus consecuencias; y proveer casos emblemáticos de los problemas y posibles beneficios de los procesos globales y de la necesidad de cambios en las políticas y prácticas institucionales internacionales.

Identifica los siguientes como los temas alrededor de los cuales han girado los casos analizados: la contaminación del agua y el aire, el derecho a la consulta y la participación, los términos en los cuales las empresas acceden a la tierra, los impactos de las operaciones de las empresas en la salud, la participación de las comunidades en los beneficios y el desarrollo, los impactos en la cultura y las costumbres, la violación de los derechos humanos y la competencia por el agua.

• Tierra: éste ha sido un tema propenso al conflicto por el hecho de que se superponen dos propietarios: los del suelo y los del subsuelo, y porque los propietarios del suelo no participan en el proceso de concesiones enterándose muy tarde de que la propiedad de la tierra que está debajo de su terreno ha sido entregada a otros.
• Agua: ha sido también un tema y un temor constante ya sea por su escasez o por el temor a la contaminación de la misma. Resalta cómo en algunos casos el conflicto nació del hecho de que la empresa negaba que hubiera contaminación alguna mientras que al mismo tiempo los pobladores observaban signos de deterioro de su calidad, lo que generaba relaciones de desconfianza.
• Calidad del Aire: si bien ha sido una preocupación en los diversos casos no ha sido central salvo en el caso de La Oroya por los impactos que la fundición tiene en la población que la rodea.
• El ejercicio de derechos de los ciudadanos, se habla de la evolución que el Consentimiento Previo Libre e Informado (CPLI) ha vivido: pasando de ser invisible, a ser considerado un derecho. Remarca cómo aún hasta hoy los procedimientos que existen si bien plantean momentos en los que la población se puede informar y opinar, son insuficientes, son implementados sobretodo como una formalidad, se centran en la difusión de información (no siempre clara ni oportuna), no responden por tanto a la necesidad de la población de participar, y generan descontento. Se plantea que todo esto se debe en parte a que la democracia en el Perú es aún incipiente, la institucionalidad democrática presenta debilidades, y la cultura y la práctica de las autoridades y de la propia población también reflejan este pasado en el que hemos estado acostumbrados a relaciones verticales.
• El derecho al desarrollo de la población en general, y en particular de las comunidades cercanas a estas actividades, el libro retoma la discusión planteada por la publicación del libro de Michael Ross en el que se plantea que cuando los países centran su crecimiento económico en las industrias extractivas éstas se caracterizan por el crecimiento sin equidad y porque se agudiza la desigualdad. Señala que, pese a que se ha propuesto este debate, ha tenido poco impacto en las políticas nacionales....

El libro analiza los resultados de estos cinco casos, en algunos de los cuales se lograron cambios que promovían los derechos de la población (por lo menos en el corto plazo), y en otros no se llegó a lo que se deseaba. Señala que los factores de éxito y de fracaso se debieron tanto a los cambios en el contexto, pues al ingresar gobiernos más democráticos, como el de Paniagua, se abrieron más osibilidades de diálogo y participación, menor corrupción y mayores libertades para que los líderes se movilizaran y participaran. Otros factores de éxito incluyen el que haya organizaciones que representan a las comunidades afectadas, que se hayan creado alianzas entre diferentes sectores que lograron tener plataformas comunes.

Resalta también la importancia de la investigación, no sólo para documentar los casos y las posturas, sino también para crear un diálogo y puentes entre la sabiduría y conocimientos indígenas y populares y los conocimientos y metodologías científicas y tecnológicas. La capacidad de algunas ONGs de servir como intermediarios entre estos dos sistemas epistemológicos ha sido útil, sobre todo en un contexto donde no hay confianza en las instituciones oficiales y hay pocas instituciones científicas y académicas percibidas como independientes de las influencias del gobierno y el sector empresarial y en un contexto intercultural de frecuente incomprensión mutua.

Señala que pese a que las comunidades y las organizaciones de la sociedad civil tuvieron resultados que pueden ser vistos como exitosos en muchos casos, es necesario mirar los resultados en el largo plazo y que, en este terreno, una preocupación que surge es que pese a los resultados concretos no se logran cambios en las políticas. Este es, por ejemplo, el caso de Tambogrande, en el que ninguno de los sectores involucrados logró que el otro cambiara en sus posiciones básicas, creando el marco para repetir la batalla. El tema de la “licencia social” en contraposición al “consentimiento libre e informado” está aún en discusión, con algunos argumentando todavía que éste último implica el derecho a veto mientras que otros consideran que sólo implica el derecho a estar informado. Entre estos dos extremos, no se ha logrado acuerdo sobre el grado en que se debe permitir a las comunidades influenciar las decisiones relacionadas a los proyectos mineros propuestos, ni el grado en que el Ministerio debe tomar en cuenta tales preocupaciones. No se ha mejorado los mecanismos para llevar a cabo tal proceso de consulta alrededor de la aprobación del EIA desde que el caso Tambogrande fue dirimido, y existe la opinión difundida de que éstos son deficientes. De esta manera, la incapacidad para lograr un cambio de políticas como resultado de la campaña de Tambogrande ha condenado a todos los actores a repetir el conflicto en otro contexto muy similar.

En este sentido, el libro es un llamado a reflexionar cómo se puede combinar el crecimiento económico y la promoción de la inversión con la promoción y protección de los derechos de la población, especialmente de los sectores más vulnerables y excluidos, bajo la convicción de que sólo tomando en cuenta ambos factores se puede promover el desarrollo.