“La minería es importante pero debe darse en un marco institucional firme”
06 11 2007
Entrevista con Fernando Romero, miembro del equipo de Industrias Extractivas de Oxfam Internacional en Perú, a propósito del caso Majaz.
¿Cuál ha sido la responsabilidad del Estado en el desarrollo del conflicto generado en torno al proyecto Río Blanco de Minera Majaz?
Yo diría que la política ciega de otorgar concesiones mineras ha llevado al Estado peruano a pasar por alto tres aspectos fundamentales relacionados al desarrollo de la minería en la sierra de Piura. En primer lugar, en la zona hay comunidades que llevan a cabo una serie de actividades económicas y que tienen un punto de vista propio con respecto a cómo quieren conducir su desarrollo. En segundo lugar, la concesión está ubicada en cabecera de cuenca y a la población le preocupa el impacto que la minería podría tener en los recursos hídricos en la zona. Y en tercer lugar, no se ha considerado la verdadera magnitud de la explotación minera en la zona, que no acaba con el proyecto Río Blanco sino que incluye a otras empresas mineras que también tienen varios miles de hectáreas de concesiones en la zona.
Tras la consulta del 16 de setiembre pasado, se viene ahora un proceso de diálogo. ¿Cómo considera que debe llevarse este diálogo para que llegue a buen puerto?
Tiene que considerar los orígenes del conflicto y las diferencias entre los puntos de vista de las comunidades, el gobierno y la empresa. Es importante buscar esos orígenes y desde ese punto buscar un entendimiento entre las partes. Creo que las consultas se vienen produciendo como último instrumento para que las comunidades sean escuchadas. Pero más allá del caso Majaz, el proceso de diálogo no debe centrarse solo en el momento de la exploración minera. Por el contrario, el diálogo es un mecanismo que debe ser permanente. La licencia social no debe buscarse al inicio y punto. La idea es que la comunidad participe para autorizar el inicio de las operaciones, pero luego debe continuar participando no únicamente en calidad de receptora de beneficios, sino que también debe hacer auditorías, monitoreos ambientales, etc.
En muchos casos ese proceso de participación no se da y la llegada de inversiones mineras genera agudos conflictos entre empresas y comunidades. ¿En qué marco institucional debe fomentarse la minería?
Creemos que debe haber una política de fomento, pero en el marco de una intervención ordenada, tomando en cuenta las otras actividades económicas. No es cuestión de otorgar concesiones a ciegas, sino que debe verse qué otras actividades se desarrollan en la zona. En la medida en que esto no se haga, creo que la inversión en el sector se va reducir, y eso es negativo para el país. La minería es muy importante pero debe darse en un marco institucional firme. Si no se cambian las reglas de juego y la lógica que hoy prima, es fácil prever que encontrarán muchos obstáculos en el camino. De hecho, los conflictos más frecuentes se dan en lugares donde los Estados promueven ciegamente las industrias, como ha pasado también en algunas zonas de África y Centroamérica.
¿Qué nuevas reglas de juego plantearía usted?
Tienen que haber canales institucionales y racionales de diálogo que permitan que el Estado no se incline a favor de las empresas, estudios independientes en donde las comunidades puedan ver que es posible manejar los efectos socioambientales de una operación, y mecanismos de participación y traslado de beneficios a las comunidades. Además, debe hacerse una zonificación que tome en consideración los recursos de una región, sus diversas oportunidades de desarrollo y la existencia de actividades económicas fundamentales como la agricultura. El ordenamiento territorial debe permitir decir en donde deben desarrollarse qué actividades económicas y en qué magnitud, de modo que no se perjudique a las otras.
Otro de los temas que se ha venido planteando desde hace un tiempo es la creación de una autoridad ambiental autónoma. ¿Qué opina al respecto?
En años anteriores se pensaba que una autoridad ambiental transectorial no era necesaria, y que bastaba con políticas de carácter sectorial desde los ministerios. Pero ahora está claro que no es posible promover y fiscalizar el buen comportamiento ambiental del sector privado cuando las funciones y roles para esta tarea están diseminados en una multitud de entidades estatales. La experiencia de otros países abona en ese mismo sentido. Por eso, considero que es fundamental contar con una autoridad ambiental independiente y transectorial que, entre otras funciones, tenga a su cargo la formulación, realización y supervisión de estudios de impacto socio ambiental.
No hay credibilidad en las instituciones que promueven y fiscalizan la minería en el Perú…
El Banco Mundial, por ejemplo, ha opinado que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) tal como están diseñados y desarrollados, no logran satisfacer las expectativas de los involucrados porque no consideran aspectos sociales que son vitales en el desarrollo de una operación minera. Adicionalmente tienes el tema de un ministerio de Energía y Minas que no asegura la transparencia en la evaluación de los EIA que entregan las empresas, porque cumple una especie de doble función al promover y fiscalizar la inversión.
