Mayoría de comuneros que acudieron a expresar su opinión dijo no a la minera Majaz
18 09 2007
La consulta vecinal del domingo 16 en los distritos de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, se llevó a cabo en un ambiente paz y sin actos de violencia que empañaran la intención de esta expresión de la opinión de la población de estos distritos.
De acuerdo a las cifras publicadas por Consulta Vecinal, en Ayabaca asistió el 50.9%, en Carmen de la Frontera el 59,1% y en Pacaipampa el 70% de las personas habilitadas para participar en la consulta para expresar su opinión acerca de si aprueban o no la presencia del proyecto minero en las tierras de sus comunidades.
Según este sitio web, del total de 31388 electores hábiles registrados se acercaron a las mesas de consulta un total de 18,107, es decir, cerca del 60%. Del total que acudieron 17,033 votaron por el NO a la empresa minera, 285 votaron por el SI, 239 depositaron votos en blanco y un total de 460 votos fueron declarados nulos.
“La participación ha sido muy importante y voluntaria”, expresó Fernando Romero, coordinador de Oxfam Internacional. “Creemos que la consulta ha cumplido con ser un medio a través del cual la mayoría de los habitantes de estos tres distritos ha expresado qué es lo que piensan respecto al proyecto Río Blanco”, añadió.
La consulta ha permitido además que se hagan visibles los temas que están a la base del caso Majaz. Por un lado la débil o inexistente institucionalidad estatal, haciéndose patente la necesidad de una autoridad ambiental capaz de regular y fiscalizar el desempeño de las empresas, así como la urgencia de avanzar en la elaboración de un plan de ordenamiento territorial que identifique los lugares propicios para la realización de proyectos mineros.
Tras incidir en explicar que esta consulta no tiene carácter vinculante, es decir, no establece ninguna medida legal a partir de sus resultados, Romero indicó que sin embargo “las poblaciones de las zonas de influencia minera están interesadas en dar a conocer su opinión y ser escuchados por las autoridades. Es un nuevo llamado de atención para recordar que estas comunidades son parte del país y deben participar en el momento de tomar decisiones que afectan su forma de vida y su futuro”.
