El Efecto Majaz: Los posibles impactos ambientales del proyecto Río Blanco, de Minera Majaz
30 09 2007
Los impactos medioambientales del proyecto Río Blanco, en la sierra de Piura, han sido desde el inicio una de las principales preocupaciones de los comuneros de Ayabaca y Carmen de la Frontera, y una de las principales causas tras el “no” que emergiera como resultado de la consulta vecinal no vinculante del domingo 16 de setiembre pasado.
Si bien Minera Majaz aun no ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), existen razones para preocuparse por el futuro ambiental de la zona especialmente si este proyecto es parte de un distrito minero, es decir un conjunto de explotaciones. Para empezar, la extracción minera es una actividad de alto riesgo ambiental, como muestra la larga lista de cientos de pasivos ambientales compilada por el propio Ministerio de Energía y Minas. Es verdad que el impacto espacial de una operación minera suele ser puntual y relativamente pequeño –en el caso de Río Blanco, el área total a ser afectada en forma directa, según la empresa, se sitúa alrededor de las 1.800 hectáreas—, pero no es menos cierto que los sistemas acuíferos pueden resultar severamente afectados muchos kilómetros aguas abajo de la mina. Basta conocer el lamentable estado del río Mantaro para apreciar el impacto que pueden sufrir valles y poblaciones que se hallan a cientos de kilómetros de las operaciones mineras.
Tal como han mostrado los medios de comunicación, la eventual contaminación del río Blanco, en cuyas cabeceras se halla el proyecto, se ha convertido precisamente en uno de los mayores motivos de intranquilidad de los pobladores de la zona con respecto al proyecto minero; recordemos que este río es afluente del Chinchipe, que forma el valle más importante de la vecina provincia de San Ignacio, Cajamarca. De acuerdo con el estudio “Minería y Desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura”, escrito por un equipo multidisciplinario liderado por Anthony Bebbington, catedrático de la Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester, el mayor problema ambiental que podría generar la operación minera es “la lixiviación de aguas ácidas de minas (AMD) desde el sitio de la mina, las pilas de relave y las pilas de desmonte”. Según el estudio, la alta precipitación de la zona, que registra lluvias anuales de 2.000 mm. o más, “plantea la posibilidad de que las lluvias se infiltren a través de las pilas de relave y desmonte, transportando metales contaminados en aguas superficiales y subterráneas”. Otro preocupante problema potencial, señala el estudio, es la contaminación de la napa freática con AMD, debido a que, probablemente, la mina a tajo abierto será más profunda que la capa de agua subterránea de la zona.
Analizadas las variables ambientales y revisada la propuesta técnica de Majaz, Bebbington y su equipo arribaron a la conclusión de que, “tal como está diseñado el proyecto, podría ser posible manejar el impacto ambiental”. Sobretodo si es un proyecto minero puntual. En caso de ser un gran distrito minero, la situación cambia y los riesgos para el medio ambiente y para el manejo del agua en concreto aumentan considerablemente.
Al mismo tiempo, expresaron las salvedades de que la tecnología propuesta “nunca ha sido usada en una zona con tanta precipitación y con un historial de actividad sísmica”, y que por ese motivo, “la posible combinación de relaves/ desmontes húmedos y un movimiento sísmico causa una preocupación seria”.
Si bien el uso de tecnología de punta, a la que Minera Majaz alude en muchos de sus comunicados, puede marcar la diferencia, por desgracia el marco legal peruano es débil, y la experiencia muestra que no puede asegurarse que el cumplimiento de las leyes peruanas represente un escudo efectivo contra la contaminación. “El Estado peruano carece de una política ambiental integral. Por ejemplo, cada sector tiene o debería tener sus propios límites máximos permisibles (LMP) y debería existir un estándar nacional de calidad (ECA) para agua, suelo y aire”, sostiene Vito Verna, jefe de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo. “El sistema no funciona porque los ministerios no proponen estos estándares, y por tanto el Consejo Nacional del Ambiente (Conam) no puede aprobarlos”. Como resultado, el Perú solo tiene aprobados ECA de aire y radiaciones no ionizantes, pero aun no existen ECA para aguas (o mejor dicho ya está obsoleto) ni suelos. Y en cuanto a los LMP, éstos son tan laxos, que si bien una operación minera está obligada por ley a tratar sus aguas antes de verterlas a un cuerpo de agua, éstas pueden ser de clase III –es decir, aguas que pueden ser usadas para regar los campos o dar de beber al ganado, pero que no son aptas para sostener la vida acuática. Así, en el Perú una operación minera podría, sin faltar a la ley, acabar con los peces, anfibios y demás vida silvestre de un río.
Pero el potencial impacto ambiental del proyecto Río Blanco no acaba ahí. La zona del proyecto, amen de ser cabecera de cuenca, se ubica en el corazón de una vasta extensión de bosques de selva alta –la última gran extensión de bosques húmedos que resta en el departamento de Piura. Estos bosques tienen un gran valor por sí mismos, pues son muy diversos y, al ser una extensión de los bosques de Ecuador y Colombia, contienen elementos de flora y fauna raros en nuestro país. Con todo, su mayor valor radica en conectar al Santuario Nacional Tabaconas Namballe (SNTN), en la vecina San Ignacio, con las áreas protegidas ecuatorianas, que se extienden hasta la frontera misma. Forman lo que se denomina un “corredor biológico” que, principalmente, sirve a poblaciones animales que requieren de grandes espacios para ser viables, como el oso de anteojos y el tapir andino –ambas especies en serio peligro de extinción y protegidas por la legislación nacional. Una gran operación minera a tajo abierto en medio de estos bosques, con todo el movimiento humano que la acompañaría, representa una amenaza para la supervivencia de dicho corredor. Y sin el corredor, los osos y tapires del santuario, que carece del tamaño suficiente para mantener poblaciones viables de estas especies, estarían condenados a desaparecer. Como concluye un estudio de la World Wide Fund (WWF) sobre la biodiversidad del santuario y sus zonas aledañas, “la protección de un corredor biológico entre el SNTN, en Perú, y el Parque Nacional Podocarpus, en Ecuador, es estratégica para lograr la preservación de las especies que habitan esas áreas”.
Una última atingencia. Minera Majaz no es la única empresa con interés de desarrollar operaciones mineras en la zona. Una hojeada al Atlas Catastral Minero revela que en Carmen de la Frontera existen varios miles de hectáreas concesionadas más allá del proyecto Río Blanco. Muchas de ellas son adyacentes al proyecto, formando, en los mapas del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), un sólido bloque de concesiones mineras en los bosques de las comunidades de Yanta y Segunda y Cajas. Puesto en contexto, entonces, el proyecto Río Blanco viene a ser la solo primera de muchas operaciones mineras en ciernes que, en conjunto, configuran un potencial nuevo distrito minero en el Perú –y cuyo impacto ambiental sería considerablemente más serio y significativo que el de un único proyecto como Río Blanco.
Es preciso que, como parte del proceso de diálogo que viene tras la consulta, el gobierno peruano sopese adecuadamente todos los múltiples aspectos ambientales que hay en juego, y que también haga lo propio a la hora de evaluar el EIA que la minera debe presentar próximamente.
