Río Blanco: historia de un desencuentro
14 09 2007
Ad portas de la consulta vecinal a realizarse el domingo 16 de setiembre en la sierra de Piura sobre la continuidad de Minera Majaz, se presenta a continuación un recuento de los hechos que han marcado la accidentada relación de la empresa minera con las comunidades de la zona.
A escasos días de su realización, la consulta popular convocada por tres alcaldes distritales de la sierra de Piura, en la zona de influencia directa del proyecto minero Río Blanco de la Compañía Minera Majaz, genera posiciones encontradas y motiva expresiones exaltadas de ministros, empresarios y hasta de altos representantes de la Iglesia Católica –todo lo cual no hace sino proclamar su condición momentánea de último epicentro de la a veces conflictiva relación entre gran minería y campesinado.
Con todo lo que este proyecto representa para el gobierno y la industria minera, no extraña que capte semejante atención. Recordemos que se trata de un megaproyecto cuprífero cuyo desarrollo requeriría una inversión estimada de US$ 1.400 millones y que podría exportar por valor de US$ 1.000 millones anuales durante los próximos 20 años. La reciente adquisición de cerca del 90% de las acciones de la casa matriz de Majaz –la junior inglesa Monterrico Metals Plc— por el consorcio Zijiin Mining Group Ltd., no hace sino añadir un peso más en la balanza a favor del desarrollo del proyecto, sobretodo ahora que el gobierno peruano desea alcanzar un acuerdo comercial con China.
El conflicto, sin embargo, no empezó esta semana, y la consulta vecinal que busca recoger la opinión de la población local con respecto a la continuidad de Minera Majaz, es solo el último hito en una serie de desencuentros que han marcado la presencia de la minera desde su ingreso a la zona en el 2001.
Fallas de origen
Desde un principio, el impacto medioambiental del proyecto minero marcó el tono y carácter del conflicto. Ubicada en una escarpada zona de la cordillera de Huancabamba, el área de la concesión minera, de 6.473 hectáreas, está cubierta por páramos y bosques de neblina que actúan como una esponja que capta el agua de lluvia y nutre los ríos que van a aportar a las cuencas agrícolas del Chinchipe (en la región Cajamarca) y el Quiroz (en la región Piura). Las comunidades campesinas de Yanta y Segunda y Cajas, sobre cuyos territorios se encuentra el yacimiento cuprífero, manifestaron desde muy temprano su preocupación por la potencial destrucción de estos ecosistemas y su efecto en sus tierras de producción agropecuaria. Pronto se sumaron las voces de otros campesinos y las de biólogos piuranos que subrayaban el impacto del proyecto en la rica biodiversidad del área. Los resultados preliminares de un reciente estudio de la Universidad de Texas en Austin realizado por los investigadores Kenneth Young, Blanca León y Julio Postigo confirman sus preocupaciones, al sostener que una mina a tajo abierto de 1.000 hectáreas de extensión alcanzaría grados alarmantes de destrucción porque "podría llegar a interrumpir conexiones entre ecosistemas [corredores biológicos], trascendiendo los impactos de dimensión local", y poniendo en peligro inminente a especies ya muy amenazadas como el oso de anteojos y el tapir de altura. Majaz aun no ha presentado su Estudio de Impacto Ambiental (EIA), por lo que es difícil saber con seguridad qué planes tiene para mitigar estos potenciales impactos.
Pero a esta preocupación ambiental, hay que sumarle otro problema social que tiene una dimensión legal: Minera Majaz nunca obtuvo el consentimiento de las comunidades campesinas, requerido por ley, para realizar exploraciones en su territorio. Tal como lo confirmó el informe N° 001-2006/ASPMA-MA de la Defensoría del Pueblo, la empresa no ha cumplido con obtener la autorización de los dos tercios de los integrantes de las comunidades sobre cuyos territorios se halla la concesión. Recientemente, Andrew Bristow, gerente de operaciones de Minera Majaz, ha admitido que, si bien la empresa cuenta con un documento firmado el 2002 por dirigentes de ambas comunidades autorizando la realización de actividades exploratorias, Majaz no cumplió con el requisito legal mencionado. No sorprende, por tanto, que la empresa, luego de seis años de operar en la zona, aún no haya conseguido la licencia social –un hecho tan evidente que es incluso reconocido por Bristow, quien ha declarado que el proyecto Río Blanco “podría retrasarse si no se logra un pacto social con las comunidades donde opera”.
Con una carga tan pesada de desencuentros a cuestas, el conflicto social alcanzó sus momentos más álgidos en los años 2004 y 2005, cuando dos grandes movilizaciones de miles de campesinos provenientes de muchos kilómetros a la redonda se enfrentaron con las fuerzas del orden. En los violentos enfrentamientos suscitados, muchos campesinos resultaron heridos –algunos de gravedad—, dos perdieron la vida y más de 200 acabaron procesados penalmente por participar en las protestas.
Consulta y hostilidad
Hoy, a pocos días de la consulta vecinal, las hostilidades han vuelto a desatarse. "La consulta está siendo manipulada políticamente (...), alcaldes ajenos a Piura y ONGs internacionales están involucrados," ha afirmado Bristow. Y el Ejecutivo, que en casi todos los conflictos sociales ha apoyado a los inversionistas mineros, no ha dudado en deslegitimar la preocupación de las comunidades. El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Jorge del Castillo, quien viajó el lunes pasado a Piura acompañado por Monseñor Luis Bambarén, obispo de Chimbote, ha dicho que “una consulta popular no puede ser utilizada para vetar una actividad económica (...), pues los recursos naturales son propiedad de todos los peruanos, y no de un distrito, de una comunidad ni de una provincia”. El ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, considera que “son otros los intereses que mueven a estas entidades (ONG) que buscan postergar el desarrollo del país”. Y en la misma línea, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha declarado que la consulta es ilegal y que interpondrá las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables de "actos contrarios al ordenamiento jurídico”. La Defensoría del Pueblo y el Consejo Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia han expresado una opinión distinta reconociendo que el procedimiento no es ilegal. La Defensoría en particular opina que este tipo de mecanismos resultan útiles si están orientados a “propiciar procesos deliberativos para la construcción de consensos, que permitan enriquecer las decisiones de la autoridad estatal”.
Diálogo
En respuesta a lo señalado por el JNE y ante las acusaciones de
intolerancia, los alcaldes de la zona han declarado que “quien rompió
el diálogo fue el gobierno”. De acuerdo con Javier Jahncke, de la Mesa
Técnica de Apoyo de Majaz, “desde enero del 2006 hubo varias
iniciativas de diálogo, pero este año, con las autoridades del nuevo
gobierno, se rompió definitivamente. Por eso se concibió la idea de
hacer una consulta vecinal”.
A la fecha de cierre de esta nota, los alcaldes de Carmen de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa –todos ellos distritos de la sierra de Piura, cerca de la frontera con Ecuador, ubicados en las provincias de Huancabamba y Ayabaca— siguen en su determinación de llevar a cabo la consulta vecinal en sus localidades y reestablecer cualquier tipo de diálogo tras la consulta. La empresa minera, ante este hecho, ha reiterado que la oferta que hiciera el 15 de agosto pasado de entregar US$ 80 millones como un fondo para proyectos sociales y de infraestructura en las comunidades, “sigue en pie”. Del Castillo, por su parte, mostraba un deseo de tender puentes cuando sostenía, en conferencia de prensa, que el presidente del directorio de Zijin le habia “manifestado que la empresa no tiene la intención de explotar los recursos minerales de la zona, si no llega antes a un acuerdo con la población”.
Faltando tan poco para la consulta popular, la presión –política y mediática— sobre sus organizadores será sin duda muy fuerte en estos días. Con todo, se espera que ésta transcurra en un ambiente de calma y transparencia.
Río Blanco: desencuentros legales
Desde un punto de vista legal, el hecho más saltante del conflicto que enfrenta a Minera Majaz con las comunidades y autoridades locales de los distritos de Ayabaca, Carmen de la Frontera y Pacaipampa, en la sierra de Piura, es la falta de consentimiento de las comunidades campesinas, requerido por ley, para realizar exploraciones mineras en su territorio. En su informe N° 001-2006/ASPMA-MA, emitido en noviembre del 2006, la Defensoría del Pueblo sostiene que la Ley de Comunidades Campesinas y Nativas estipula que toda utilización de tierras para el ejercicio de actividades mineras, incluida la exploración, debe contar con la autorización de las comunidades dueñas de la propiedad superficial, otorgada en asamblea general y refrendada por un acta firmada por los dos tercios de los integrantes acreditados; en caso de no obtener la autorización de la comunidad, la empresa deberá esperar a la culminación del procedimiento de servidumbre, proceso por el cual el Estado se encarga de otorgar dicha autorización, previo pago de una compensación a la comunidad. Según la Defensoría del Pueblo, este requisito legal no ha sido cumplido, pues Minera Majaz no ha obtenido la autorización de los dos tercios de los integrantes de las comunidades sobre cuyos territorios se ubica la concesión (comunidades de Yanta y Segunda y Cajas).
Con respecto al carácter legal de la consulta vecinal, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), en un comunicado del 15 de agosto pasado, señala que ésta no solo carece de valor oficial, sino que es ilegal, pues "ninguna persona, sector de la población u organización, incluida la institución municipal, puede arrogarse el ejercicio de facultades que constitucionalmente corresponden exclusivamente y de manera intransferible a los organismos electorales". Sobre el mismo tema, la Defensoría del Pueblo ha señalado que, si bien estos mecanismos de participación no son vinculantes, es decir que el Estado no está obligado a acatar los resultados, la consulta popular está dentro del marco constitucional y no tiene nada de ilegal.
Anthony Bebbington, catedrático de la Escuela de Medio Ambiente y Desarrollo de la Universidad de Manchester y autor principal del estudio “Minería y Desarrollo en el Perú, con especial referencia al Proyecto Río Blanco, Piura”, ha observado que la profunda discrepancia entre el gobierno central y las autoridades locales con respecto a cuáles son los canales adecuados para solucionar el conflicto, podría ser un indicador de que la propia práctica democrática está fallando. Como sostiene Bebbington, “pareciera que no existen instituciones que permitan que las preocupaciones y deseos locales, por un lado, y las preocupaciones y deseos nacionales, por otro, logren un punto de equilibrio”.
