Guatemala: Defensores Del Medio Ambiente Reciben Amenazas De Muerte

Introducido: 04 12 2007

Oxfam América está preocupada por amenazas hacia defensores del medio ambiente por parte de organismos pro-mineros; situación que demuestra el limitado espacio para el debate y una cultura de violencia enraizada en Guatemala.

En el noreste de Guatemala, en la zona fronteriza con Belice y Honduras, se encuentra el departamento de Izabal. Es uno de los departamentos que más riqueza natural posee. Dentro de su territorio cuenta con el lago más grande del país – el Lago Izabal – con ecosistemas únicos y cientos de diferentes especies de animales, algunos de ellos en peligro de extinción. Las tres grandes poblaciones que viven alrededor del Lago y que hacen de la cultura una mezcla auténtica, son ladina, garífuna e indígena, primordialmente Maya q’eq’chi. Viven de la pesca artesanal, la siembra de maíz, fríjol y cardamomo, así como del ecoturismo. Por su singularidad, la región tiene grandes potencialidades para el desarrollo sostenible basado en estas actividades.

Entre los recursos naturales, el área cuenta con petróleo, oro, plata y níquel. Gran parte del territorio ya ha sido concesionado a empresas mineras de capital extranjero. La Corporación Guatemalteca de Níquel (CGN), subsidiaria de la empresa canadiense Skye Resources es una de ellas. Recibió licencia de explotación de níquel en el 2005 y empezará sus operaciones en el 2008. La explotación minera pone en peligro los abundantes recursos naturales de la región y ofrece poco en términos del desarrollo local, ya que las regalías que pagan las empresas mineras llegan a sólo 1% de las ganancias, del cual sólo un 0.5% incumbe a la municipalidad.

La Asociación Amigos del Lago Izabal (ASALI) surgió a raíz de la defensa del Lago, sus alrededores y de la cultura indígena. En 2002, ASALI logró revertir una licencia de explotación de petróleo. Desde ese entonces ASALI ha venido capacitando e informando a la población sobre las consecuencias y problemas que traerá la instalación de la minería en la región y las posibilidades y alternativas de desarrollo sostenible que brinden los recursos naturales existentes. Varios socios de ASALI y en particular su coordinadora Eloyda Mejía, han sido demandados por la CGN bajo la falsa acusación de haber ocupado tierra propiedad de la empresa, han sido objeto de difamaciones y han recibido hasta amenazas de muerte.

A principios de noviembre, Mejía recibió una carta firmada por un grupo autodenominado ‘Comité de vigilantes y vecinos de El Estor, Izabal’ y, obviamente, pro-minero que declara a ciertas personas mencionadas con nombre y apellido – entre ellos Mejía – ‘enemigos del pueblo y del Estado’, a las cuales se aplicará ‘la ley de ojo por ojo y diente por diente’.

A Oxfam América le preocupa por este tipo de expresiones que demuestran el limitado espacio para el debate en Guatemala. El caso de Eloyda Mejía y ASALI no ocurre de forma aislada. En los últimos años, personas y comunidades – sobre todo indígenas – oponiéndose a la entrada de la minería en sus comunidades, han recibido amenazas y represiones. En enero de este año hubieron desalojos y destrucción de viviendas en varias comunidades en Izabal. En 2005, en una consulta popular, las comunidades del municipio Sipakapa, departamento de San Marcos, se pronunciaron unánimemente contra la minería en sus territorios. Hasta la fecha, sus voces no han sido tomadas en cuenta ni por el Gobierno guatemalteco ni por la empresa minera que opera en esa región. Según Andrés McKinley, oficial del programa Industrias Extractivas de Oxfam América: “Las comunidades y las organizaciones locales, que en Guatemala son mayoritariamente indígenas, deben tener el derecho a expresarse a favor o en contra de la minería, en base a información objetiva sobre su probable impacto y sin sufrir represalias. Estas opiniones deben de ser tomadas en cuenta por el Gobierno y empresas mineras”.