Domingo 16: Consulta Vecinal Sobre Proyecto Minero Majaz

Introducido: 13 09 2007

“¿Está usted de acuerdo con que haya actividad minera en Carmen de la Frontera?” es la pregunta que miles de ciudadanos responderán este domingo 16 en ese distrito del norte del Perú. Lo mismo ocurrirá también en Ayabaca y en Pacaipampa.

La consulta ha sido convocada por los alcaldes de estos tres municipios, junto con las organizaciones locales agrupadas en el Frente de Desarrollo Sostenible del Norte del Perú. La pregunta se refiere en concreto al desarrollo del proyecto Minero Río Blanco, llevado a cabo por la empresa Minera Majaz, cuyo accionista mayoritario es el consorcio chino Zijin.

La historia de este proyecto minero ha presentado irregularidades que han traído como resultado un creciente ambiente de conflicto social. El problema que se presentó al inicio fue que las comunidades no dieron a la empresa el permiso que, de acuerdo con la Ley 26505, ésta requiere para el uso de sus tierras. Esta denuncia hecha por las comunidades fue verificada por la Defensoría del Pueblo y comunicada al Ministerio de Energía y Minas, que este desestimó. Luego se presentaron en la zona una serie de enfrentamientos entre fuerzas del orden convocadas por la empresa y los comuneros, que trajeron como resultado la muerte de dos de ellos. En las últimas semanas el consorcio Zijin hizo un ofrecimiento de 40 millones de dólares a la comunidad campesina de Yanta, y otro por el mismo monto a la comunidad de Segunda y Cajas, que sería distribuido a lo largo de la duración del proyecto minero. Esta última se reunió en asamblea y decidió no aceptar la propuesta que condicionaba la entrega de los fondos a la aprobación del proyecto. La primera tomará una decisión en los próximos días.

“La consulta se está llevando a cabo esencialmente porque la población ha pedido que se haga”, expresó Fernando Romero de Oxfam Internacional. “Los ciudadanos y ciudadanas de esta zona quieren dar a conocer su opinión sobre esta actividad que afectará profundamente sus vidas. Nosotros consideramos que la consulta respeta un derecho fundamental, el de expresar la opinión”, agregó. “Oxfam Internacional decidió apoyar esta consulta porque considera que es un mecanismo con amparo legal, que no busca ir más allá de lo que la ley le reconoce como competencia a las autoridades locales pues no es vinculante. Nos parece crucial que se recoja la opinión de las comunidades, y que a partir de ello se establezca un diálogo entre las autoridades, las empresas y la sociedad civil”. Remarcó que desde la experiencia de Oxfam han verificado que es sólo escuchando a la población que se pueden mitigar los conflictos sociales.

En los últimos días algunas autoridades peruanas se han manifestado en contra de la realización de esta actividad. El Jurado Nacional de Elecciones, órgano que regula las actividades electorales, ha declarado que es una actividad ilegal pues no compete a las autoridades locales convocar a consultas para que la población decida sobre las actividades extractivas. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho, por su lado, que las autoridades locales no se pueden pronunciar sobre un asunto nacional. Sin embargo, la Defensoría del Pueblo ha manifestado que ésta no es una actividad ilegal pues responde a las competencias que las autoridades locales poseen, y el Ministerio de Justicia se ha pronunciado de similar manera. El presidente de la república, Alan García, y el primer Ministro, Jorge del Castillo, se han opuesto también a la realización de la consulta. Los organizadores de la consulta, por su parte, han señalado que esta actividad está dentro de las competencias de los gobiernos locales y que no pretende convertirse en una decisión, sino que buscan que la opinión de los ciudadanos sea escuchada por las autoridades al momento de tomar decisiones.

“Hacemos un llamado para que esta actividad se realice de manera pacífica, que los distintos puntos de vista sean escuchados, y que las autoridades brinden las facilidades necesarias y provean sobre todo seguridad”, señaló Romero. “Oxfam se opone a cualquier tipo de violencia o coerción, y está a favor de la libertad de expresión y de participación de todos los involucrados. Esperamos que se aproveche esta oportunidad para escuchar la opinión de la población y solucionar de la mejor manera el conflicto social que se ha venido gestando. La población ha buscado expresarse de manera pacífica, y ésta es una voluntad y un derecho que debieran ser respetados”, recalcó.